El 22 de noviembre de 1949 el Presidente Juan Domingo Perón, a través del Decreto 29337, suspendió el cobro de los aranceles universitarios.
Redacción // Jueves 23 de noviembre de 2023 | 11:28
La gratuidad universitaria en Argentina tiene sus raíces en la Reforma Universitaria de 1918, que buscaba democratizar el acceso a la educación superior. En ese año, estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba reclamaron y exigieron profundas reformas contra las estructuras conservadoras que consideraban alejadas de su época y del espíritu propio de la Universidad.
En ese momento, se elevó un proyecto de ley estableciendo la gratuidad, pero no llegó a tratarse en el congreso. Sin embargo, gracias a esta lucha, se lograron aspectos clave que hacen a la educación superior tal como la conocemos hoy en día.
Durante las décadas siguientes, varias leyes y decretos fueron promulgados para garantizar la gratuidad en las universidades nacionales. Hasta que, el 22 de noviembre de 1949, el Presidente Juan Domingo Perón sancionó, por medio del Decreto 29337, la Ley de Gratuidad Universitaria, que establecía la exención de aranceles y matrículas para las y los estudiantes. Cabe destacar que, para ese año, todas las universidades argentinas (Buenos Aires, Córdoba, Cuyo, La Plata, Tucumán y Del Litoral) eran públicas y aranceladas.
Esta política, que amplió la base social del estudiantado, iba en clara consonancia con los ideales del Primer Plan Quinquenal (1947-1951) y con los de la Constitución Nacional del año 1949. Retomando las ideas de los reformistas, el Primer Plan planteó que el Estado instauraría la gratuidad de la universidad para estudiantes de bajos ingresos.
El primer paso de este proyecto fue la creación de la Universidad Obrera Nacional en 1948, luego convertida en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Su propósito era servir como instituto superior de formación técnica y formar profesionalmente a la clase trabajadora y favorecer su movilidad social.
Un año después, a través del Decreto Presidencial N° 29337, se estableció la gratuidad de todas las universidades públicas del país y el compromiso gubernamental para su financiamiento. Además, se le otorgó carácter institucional a la autonomía universitaria planteada décadas atrás por los reformistas.
La gratuidad de la enseñanza universitaria pública en Argentina sigue siendo hasta la fecha una política de avanzada en materia de Educación en América Latina.
Impactos positivos de la gratuidad universitaria
El proceso de democratización de la universidad pública se evidenció en el aumento exponencial de la matrícula universitaria, pasando de 80.292 estudiantes en 1950 a 138.249 en tan solo 5 años, lo que conforma un 72% de aumento en el acceso a la Universidad. Asimismo, permitió que más estudiantes de distintos estratos socioeconómicos puedan acceder a la educación superior.
En consecuencia, se generó una reducción de la desigualdad, ya que, al eliminar las barreras económicas, se disminuyó la brecha socioeconómica en la educación y se generaron oportunidades para aquellos que antes no podían costear una carrera universitaria.
Por otra parte, se observó un mejoramiento de la calidad educativa. La ampliación de la matrícula estudiantil llevó a un incremento en la oferta académica y a una mayor demanda de calidad educativa por parte de las universidades.
De esta manera, la gratuidad universitaria en Argentina se convirtió en una política central para el acceso igualitario a la educación superior y a través de distintas acciones y programas implementados a lo largo de los años, se ha logrado abrir las puertas de las universidades a aquellos sectores que históricamente han sido excluidos.
Esta iniciativa no solo ha permitido una mayor democratización de la educación, sino que también ha generado impactos positivos como la reducción de la desigualdad y el mejoramiento de la calidad educativa. Sin duda, la gratuidad universitaria en Argentina es un paso hacia la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.