La justicia federal inspeccionó este lunes la base aérea de El Palomar, donde el gobierno macrista prevé la construcción de un aeropuerto comercial. La medida judicial se hizo para constatar el estado de las obras ante las demandas de vecinos y organismos de derechos humanos que se oponen a la instalación de la nueva terminal.

La inspección ocular fue ordenada y encabezada por la jueza civil, comercial y contencioso administrativo federal de San Martín Martina Forns que tramita las causas y participaron funcionarios del gobierno nacional y de la Fuerza Aérea. El operativo duró dos horas y media y se constató que ya se están realizando obras en el predio.

A las puertas de la base aérea hubo una manifestación de vecinos de la zona y de integrantes de organizaciones de derechos humanos. Estuvo presente y participó de la inspección Nora Cortiñas, presidenta de Madres de Plazas de Mayo – Línea Fundadora.

Con premura, a fines de junio pasado, el ministro de Transporte Guillermo Dietrich le otorgó a la empresa Fly Bondi la concesión para volar desde la base en El Palomar y poco después, el 28 de diciembre, el presidente Mauricio Macri firmó un decreto mediante el cuál creó el aeropuerto de El Palomar y lo incorporó al Sistema Nacional de

Fly Bondi es la primera empresa que operaría desde El Palomar a partir del 10 de febrero. La compañía solicitó la concesión por 15 años de una terminal propia.

Todo dependerá de la causa judicial que iniciaron los vecinos...

La Justicia nos ampare

Vecinos de la zona presentaron dos amparos para que se frene el inicio de las obras del aeropuerto. Los de Hurlingham reclamaron por la contaminación sonora que provocará la terminal y los de Morón por el impacto ambiental que las obras tendrá. Denunciaron que el gobierno nacional avanzó con el aeropuerto sin un estudio de impacto ambiental ni una audiencia pública.

A eso se sumó una denuncia penal de organizaciones de derechos humanos porque la base aérea de El Palomar está protegida por la ley 26.691 que declara sitios de memoria del terrorismo de estado a los lugares donde funcionaron centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar. Un oficio del Archivo Nacional de la Memoria le informó a la jueza Forns que en la base área funcionó un centro clandestino.

La magistrada le solicitó al juez Daniel Rafecas -quien tramitó la causa por los delitos de lesa humanidad cometidos en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires- que le informe qué sectores del predio militar de El Palomar se utilizaron como centro clandestino de detención.

Los vecinos de Morón, representados por un letrado, denunciaron que no se realizó un estudio de impacto ambiental y piden que se frenen las obras hasta que esa medida se ordene y se ejecute una audiencia pública.

"En el aeródromo militar del El Palomar se iniciaron, sin autorización, ni estudio de impacto ambiental, trabajos de desmonte, quema de pastizales y trabajos de maquinarias en la zona contigua", denunciaron los vecinos. Y precisaron que la base tiene 240 hectáreas, de las cuales 140 son conocidas como la Isla Verde, un sector de biodiversidad que tiene distintos tipos de ambientes, con alrededor de 200 especies de fauna silvestre y uno de uno de los últimos relictos de pastizales húmedos pampeanos esenciales para la regulación de las lluvias, según un estudio del Grupo de Investigación en Ecología de Humedales.

Antes de resolver el pedido, la magistrada ordenó la inspección ocular del lugar. Junto a ella, participaron los bogados de los vecinos, funcionarios del Ministerio de Transporte, de la Administración Nacional de Aviación Civil Argentina (ANAC), de la Fuerza Aérea, del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) e integrantes de organismos de derechos humanos que fueron invitados.

Negoci(ad)o en ejecución

Durante la inspección de este lunes 8 de enero de 2018, se constató que el ingreso a la base se está construyendo un galpón. En otro sector se vio el desmonte de tierra que los funcionarios explicaron que es "para poner alambrados". Las obras la está realizando Aeropuertos 2000.

Ahora la jueza Forns tiene que resolver si acepta el pedido de los vecinos de frenar las obras hasta tanto se analice el impacto ambiental que pueden tener o si se afecta un lugar de la memoria de las atrocidades del terrorismo de estado.

Sobre Fly Bondi hay una causa penal que se investiga en los tribunales de Comodoro Py. El fiscal federal Jorge Di Lello imputó el año pasado al vicejefe de Gabinete de la Nación, Mario Quintana, por su presunta vinculación con la empresa aérea beneficiada por el Gobierno a través de un socio del funcionario en otros emprendimientos comerciales.