Angustia, dolores físicos, sensación de indefensión, depresión, bronca, desesperación, inseguridad física, tristeza y miedo: fueron las sensaciones que enumeró el abogado Maximiliano Medina del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) cuando pidió 16 años de prisión e inahibiltación absoluta para Julio Diego Torales, el ex policía bonaerense imputado por las torturas que sufrió Luciano Arruga el 22 de septiembre de 2008. Según él, estos fueron algunos de los efectos que provocó la agresión sufrida por el adolescente en el destacamento de Lomas del Mirador. Los alegatos de la querella se escucharon en la cuarta jornada del juicio que comenzó el lunes. La fiscalía, por su parte, reclamó 10 años de prisión. En tanto los defensores del imputado pidieron la absolución. El Tribunal Oral Criminal 3 de La Matanza dará a conocer la sentencia el próximo viernes a las 12 del mediodía.

A Luciano, que tenía 16 años, lo levantaron en Bolívar y Perú por la figura conocida como “AA”: averiguación de antecedentes. Buscaban al responsable del robo de un celular. Lo requisaron sin testigos y, según la versión policial, le encontraron el teléfono. Lo tuvieron nueve horas en un lugar que no tenía celdas y no estaba habilitado para detenciones. Pudo irse después de que su mamá volviera con la partida de nacimiento en la mano. La había ido a buscar hasta Puente de la Noria porque la tenía su cuñada, que le estaba tramitando el DNI al sobrino. Cuando se lo llevaron, Luciano alcanzó a señalar a Torales: “Vos me pegaste mientras dos me sostenían”.El ex policía  está acusado de torturas en términos artículo 144 ter. del Código Penal que entiende por tortura no solamente los tormentos físicos, sino también la imposición de sufrimientos psíquicos, cuando éstos tengan gravedad suficiente.

"Luciano nos habló en este juicio a través de su hermana y su mamá para pedirnos Justicia" dijo el fiscal José Luis Longobardi en su alegato en el que pidió una condena por diez años. “Lo degradaron, lo humillaron, le dieron de comer un sándwich salivado”, describió. Y dijo que intentaron considerar que él mismo no se creyera persona. “Nos marcó el camino. Tuvo que vencer a su propia muerte. Luciano se hizo escuchar”, agregó. Al funcionario judicial lo oían los magistrados, las partes y una audiencia nutrida. Hoy el salón de la Unión Industrial del Partido de La Matanza (UIPMA) –devenido Tribunal- rebalsaba el público: había hasta gente parada. Afuera quedaron personas y también las banderas con la sonrisa eterna de Luciano.

“Una canallada”

“No hay justificativo para pegarle a una persona detenida. No importa lo que haya hecho: estaba al cuidado de funcionarios policiales” manifestó el representante del Ministerio Público Fiscal. Fue duro con la defensa de Torales que en varios tramos del debate quiso poner sobre la mesa el hecho por el que Luciano estuvo detenido y hasta convocó como testigos a los damnificados del supuesto robo. “Endilgarle un hecho ilícito a una persona que no puede defenderse es una canallada”, opinó.

Después de la exposición de Longobardi, fue el turno de los abogados que representan a Mónica Alegre, la madre de Luciano. Medina del CELS y Juan Manuel Combi de la Asamblea a Permanente por los Derechos Humanos (APDH) expusieron de manera detallada los argumentos para acusar a Torales. A su lado estaba María Dinard del CELS que también es abogada de la querella. Mónica estaba ubicada atrás de ellos con una remera con la cara de su hijo. La acompañaba, como todos estos días, Rosa Díaz Jiménez, psicóloga del CELS.

"No hay dudas de que fue Torales quién golpeó a Luciano" dijo Combi.  Y en la descripción de los hechos recalcó que se trataba de un niño y que no podía estar alojado en una comisaría, en una dependencia que no tenía celdas. “Estuvo detenido en la clandestinidad. No había otros detenidos”, dijo.

El abogado de APDH  habló de la dudosa legitimidad de la detención porque no hubo testigos que acrediten la requisa. También remarcó que la supuesta víctima contó durante el juicio que el robo fue entre las 9 y 9.30; y sin embargo a Luciano lo encontraron dos horas después.

“Miedo a la muerte”

Además destacó cómo cambió el chico tras su paso por el destacamento. “Después de esa detención Luciano tenía miedo, tenía el peor de los miedos: miedo a la muerte”, dijo el abogado.

Cuando estuvo frente al micrófono, Medina hizo una exposición sobre la calificación del delito. Citó distinta bibliografía y jurisprudencia internacional. Los magistrados Diana Nora Volpicina, Gustavo Omar Navarrine y Liliana Logroño lo escucharon y tomaron nota.

En síntesis, Medina les sugirió a los jueces que tuvieran en cuenta el contexto, las condiciones particulares de la víctima y los efectos provocados por el hecho.

El abogado pidió dimensionar lo que significa para un niño estar incomunicado: "cada minuto fue una eternidad, una agonía". En ese sentido, hizo hincapié en el sufrimiento psicológico y moral. Y recordó a Vanesa cuando dijo que a su hermano "le quebraron la vida".

Mencionó al reconocido fallo de los “Niños de la Calle” -Villagrán Morales y otros vs Guatemala- en el que se describe que la situación de incomunicación de los niños detenidos hizo que fueran conscientes de que sus vidas corrieran peligro. “Luciano se representó que su vida o integridad personal corrían peligro”, dijo el querellante.

El abogado del CELS habló del significado de la humillación como método de tortura. “Si darle de comer un sanwich escupido, decirle ´negro rastrero´, ´chorro´ a alguien no es humillar, que alguien me venga a explicar qué es”, dijo.

“La etiqueta de pibe chorro”

En cuanto a las condiciones particulares de la víctima, Medina resaltó su condición de niño, los trabajos precarios que tenía y su situación de vulnerabilidad: “Luciano tenía la etiqueta de pibe chorro”. En ese sentido, expresó: “la tortura se nutre de la discriminación”.

Sobre los efectos, recorrió los cambios que sufrió Luciano en su personalidad tras la tortura y para eso convocó los dichos de su hermana. “Luciano estaba triste, la vida era otra, sus ojos eran otros”, expuso. También citó las palabras de otra testigo, Rocío Gallegos, y el recuerdo sobre el día en el que Luciano le dijo que no podía circular por la cuadra de su casa. “Hay que tener miedo para transitar la cuadra donde uno vive”, expresó con ironía el abogado.

Para cerrar su alegato, Medina resaltó que lo que ocurrió aquel 22 de septiembre como violación a los derechos humanos no fue “un hecho aislado” y que “es deber del Estado la correcta investigación y sanción de lo ocurrido”. Cerró con palabras para la familia: “Es un orgullo representar a Mónica por su valentía”.

Acusar a las víctimas para defender a un policía

Como en cada una de las jornadas Torales llegó de traje, impecable, pero esposado. Tuvo la oportunidad de decir unas últimas palabras antes de conocer el veredicto: “Hace dos años y cuatro meses que estoy preso injustamente. Mis hijas y mi familia me esperan en mi casa”. Hoy estaban sentados entre el público.

“No hay elementos que puedan acreditar que Torales torturó, maltrató a Luciano”, dijeron antes de pedir su absolución. Los alegatos de la defensa de Torales encarados por Juan Grimberg y Gastón Jordanes apuntaron a responsabilizar y culpabilizar a la familia y a los amigos de Luciano a quienes tildaron, directamente, de mentirosos. "¿Torales tiene la culpa de que Luciano no tenía documentos", dijo Jordanes. Las muecas en las caras de la mayoría del público eran de indignación.

“Una hermana, con el carácter que ella tiene, no se va a trabajar si su hermano está pasando por las peores torturas”, dijo “¿La madre no podía convencer a un familiar que trajera el papel para sacar a su hijo’”, se preguntó el mismo abogado.

"Mi defendido no es Videla, no es Pinochet" expuso Grimberg cuando pidió la absolución. Ambos abogados minimizaron los hechos y, a su vez, denunciaron por falso testimonio a Vanesa Orieta y a Juan Gabriel Apud. El fiscal, en las réplicas, se opuso al pedido. También aprovecharon la oportunidad para juzgar a Luciano: “¿Está bien que un chico lleve la vida que llevaba?”.

En el momento de las réplicas Combi defendió a los organismos de derechos humanos que la defensa también trató de mentirosos: "dependeremos nada más de la búsqueda de verdad y de la Justicia".

El juicio

El debate oral comenzó el lunes. En la primera audiencia declararon seis testigos, entre ellos la madre de Luciano. "Todo esto empezó cuando se negó a robar para la policía", dijo Mónica Alegre. Además prestaron testimonio Juan Gabriel Apud y Rocio Gallegos. También expusieron dos médicos Maria Fontela, del Cuerpo Médico Forense de La Matanza, y Gabriel González, quien lo atendió a Luciano en el Policlínico de San Justo. Otra que habló ante los jueces fue Zulma Noemi Robles de Torales, la madre del ex policía.

En la segunda jornada la única que habló fue la hermana de Luciano, Vanesa Orieta. Detalló todo lo que Luciano le contó sobre la detención y el contexto de persecución y hostigamiento que sufría. Relató cómo cambió su hermano después de la detención y el miedo que sentía. "Mi hermano no sabía qué hacer para que dejaran de molestarlo", dijo. La audiencia previa a los alegatos declararon dos policías que habían sido convocados por la defensa de Torales. También expuso la supuesta víctima del robo por el que detuvieron a Luciano.

Los dos policías admitieron que el adolescente de 16 años estuvo detenido en la ocina de la dependencia, un lugar que no estaba habilitado para esos fines. Miguel Ángel Olmos habló sobre cómo fue la detención en la calle. Tuvo contradicciones y omisiones sobre detalles que había narrado durante la instrucción. La agente Mónica Chapero contó, además, que ella estuvo con Luciano en la cocina mientras duró su turno. Para la fiscalía y los abogados de la querella fue una "autoincriminación". Es que además de Torales hay dos efectivos más que participaron de la agresión que aún no fueron identificados.

La jornada de hoy terminó con aplausos. Cuando salieron Vanesa, Mónica y sus abogados afuera los esperaba mucha gente. “Luciano, presente, ahora y siempre”, fue el grito que retumbó en la puerta del Tribunal.