El día 20 de agosto, en el Centro de Atención Primaria de la Salud “Dr. Springolo”, en El Palomar, apareció un cartel, con membrete del CAPS y del municipio, en el que se exigía al personal médico “de acuerdo a las leyes vigentes”, realizar “la denuncia policial obligatoria” cuando se presentaran los siguientes casos: sospecha de aborto, sospecha de violación, sospecha de abuso sexual, herida de bala/arma blanca/elementos varios, golpiza, y sospecha de maltrato.

Frente a dicha orden, organizaciones sociales, de mujeres y feministas, manifestaron su repudio a la gestión del intendente Ramiro Tagliaferro y exigieron la renuncia del secretario de Salud municipal, Miguel Russo, y de otros funcionarios comunales vinculados al área sanitaria.

A continuación, el comunicado completo emitido por las organizaciones feministas del Oeste:

"No existen leyes ni reglamentos que obliguen a hacer tales denuncias. Denuncias de este tipo violan los derechos humanos de las personas que se atienden en el sistema de salud, garantizados por la Constitución Nacional y Provincial, Tratados Internacionales, las leyes de derechos del paciente,  de violencia contra las mujeres, de protección integral de derechos de los/as niño/as, protocolos de atención, entre otras.

También van en contra de la ética y deberes de los/as profesionales de la salud, al obligarlos a violar el secreto profesional y transformarlos en los agentes persecutorios de un Estado policial, que se basa en la “sospecha” para criminalizar a las personas, que asisten al centro de salud en busca de atención, y haciendo de la violencia institucional el leit motiv de la gestión.

Esta transformación de los servicios de salud en un sistema policial y persecutorio lleva a que se rompa la confianza entre profesionales y usuarios/as, en detrimento de la calidad de la atención y de los niveles de salud de la población, en particular de las mujeres.

Es evidente que la primera intención de los funcionarios/as públicos/as de este distrito es criminalizar a las mujeres, puesto que la mera sospecha de un aborto es puesta como primera causa de denuncia. A esto se suma la escasez de métodos anticonceptivos y la falta de misoprostol, necesario para garantizar las interrupciones legales del embarazo, lo que incumple con el protocolo del Ministerio de Salud, el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia, y la ley de Salud Sexual y Procreación Responsable.

Este control de la población se acompaña de la persecución del personal de los servicios de salud, a quienes se les coartan sus derechos laborales y gremiales.

Por todo esto, exigimos la inmediata renuncia de: Lic. Alberto Daniel Araujo y Dr. Marco Marine, coordinador administrativo y coordinador médico, del CAPS “Dr. Springolo”, respectivamente, Viviana Bertolini, Directora de Atención Primaria de la Salud, y Miguel Russo, Secretario de Salud del Municipio de Morón,  a quienes consideramos como los funcionarios públicos responsables administrativa, legal y políticamente de de violar los nuestros derechos humanos de los/as usuarios/as del sistema de salud de Morón".