Desde el organismo mostraron preocupación ante las graves deficiencias en la etapa de instrucción, irregularidades avaladas y consentidas por el fiscal Claudio Oviedo quien durante el alegato postuló la absolución del acusado.

El 22 de marzo de 2013, Pablo Ezequiel Cuello y Roberto Fabián Aquino, ambos funcionarios de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Morón, perseguían un vehículo particular con pedido de secuestro y se internan en el barrio Presidente Ibáñez de Morón donde vivía Héctor González.

La víctima había salido a la calle, alertado por los ruidos, cuando los oficiales que vestían de civil y sin identificación quisieron aprehenderlo sin verificar fehacientemente la conexión de González con la persecución; luego de un forcejeo, Roberto Fabián Aquino, abusando de su función y excediendo los límites impuestos por la ley, extrajo su arma reglamentaria y le disparó en el abdomen. Héctor González murió en el Hospital de Morón como consecuencia de la herida.

En septiembre de 2013, el fiscal Claudio Oviedo se hizo cargo de la causa que, durante un año, no mostró ningún avance. Recién en 2014 ordenó la detención de Aquino pero lo liberó al poco tiempo tras calificar el hecho como “exceso en legítima defensa” aun cuando no se pudo demostrar que la víctima estuviese armada. El cambio de calificación se sustenta en testimonios que aseguran que Aquino estaba siendo golpeado por los vecinos cuando sacó el arma.

Curiosamente, todas las declaraciones que sostienen esta versión de los hechos se presentaron en el proceso oral como testigos de identidad reservada. Esta particularidad, a su vez, se da en el marco de una causa que estuvo plagada de irregularidades que fueron avaladas y consentidas por el fiscal Claudio Oviedo. Para la Comisión Provincial por la Memoria, la imparcialidad del agente de la fiscalía está seriamente comprometida ya que, durante el juicio, actuó como un garante de la versión policial y se mostró amenazante tanto contra los testigos como contra los abogados de las víctimas.

Los familiares de la víctima y otros testigos fueron hostigados cuando declararon y luego duramente criticados en el alegato. El fiscal los trató de mentirosos, destacó las "inconsistencias" de las declaraciones como argumento para dar crédito a la versión policial y, finalmente, también los amenazó con iniciarles acciones legales por falso testimonio.

Además de estas presiones, se plantearon irregularidades durante todo el proceso de instrucción; en el debate oral, se evidenció que los policías que teóricamente habían realizado el procedimiento posterior al hecho, en verdad no habían participado del mismo, ni siquiera firmaron el acta principal de la causa, pese a que la misma los nombraba a ellos. Por el contrario, todas estas acciones estuvieron dirigidas por la DDI de Morón, es decir, por los propios compañeros del imputado.

Desde el primer momento, los abogados de la víctima denunciaron la participación de la policía en la investigación de la causa con la clara intención de encubrir al imputado: no se resguardo correctamente la escena del crimen, se secuestró evidencia en la comisaría y fue el mismo cuerpo policial quien tuvo a su cargo la revisión médica de los dos agentes que participaron del operativo y de la víctima. Esta serie de arbitrariedades ponen en peligro el efectivo acceso a la justicia de los familiares de Héctor González.

Por este motivo, la Comisión Provincial por la Memoria alerta sobre el conjunto de irregularidades presentes en este caso y remarca que, lejos de ser una excepción, constituyen una norma en las instrucciones judiciales cuando se trata de condenar delitos cometidos por agentes de las fuerzas de seguridad: una justicia cómplice que, en la mayoría de los casos, termina avalando la versión policial y garantizando la impunidad de los agentes policiales.

Cabe señalar, además, que el policía Roberto Fabián Aquino fue mencionado por su participación en el denominado "caso Candela" y se encuentra sospechado de participar en la trama de encubrimientos del crimen. La Comisión Bicameral encargada de la investigación ha pedido su exoneración.

El lunes a las 15 se leerá la sentencia en el Tribunal Oral Criminal N 1 de Morón. Una delegación de la CPM, encabezada por Adolfo Pérez Esquivel, estará presente durante la audiencia acompañando a los familiares de la víctima y exigiendo justicia.