habría recibido en 2014 de 20 millones de pesos en contrataciones directas del Gobierno de la Ciudad, antes de su desvinculación de la firma.
MACRI
$20 millones de los recursos públicos para una empresa de NIEMBRO
Siguiendo el Macri’s Style, esta semana fue noticia la escandalosa
contratación de una empresa relacionada con el periodista y cabeza de lista de
diputados del PRO en la provincia de Buenos Aires, Fernando Niembro, que habría recibido en 2014 de 20 millones de pesos en contrataciones
directas del Gobierno de la Ciudad, antes de su desvinculación de la firma. La
historia parece repetirse.
Se trata de La Usina Producciones, una compañía convenientemente fundada hace tres años, que se convirtió inmediatamente en un importante proveedor de servicios del Estado porteño. Según denunció la legisladora opositora Gabriela Alegre, la empresa ligada a Niembro “obtuvo 170 contratos ocultados que no figuran en el Boletín Oficial”.
“Nosotros tomamos conocimiento sobre estas irregularidades a partir de la denuncia periodística y por ese motivo analizamos todos los registros oficiales con sus anexos, y estas contrataciones no figuran publicadas", destacó la diputada, en referencia a la nota que publicó un matutino porteño, dando a conocer a la opinión pública el escandaloso caso.
La revelación periodística señala también “las remuneraciones por más de 800 mil pesos que habría recibido uno de los hijos del comentarista de fútbol”; a los "más de $ 7,6 millones cobrados por Alberto Meza, su socio en La Usina Producciones"; así como los “2,5 millones de pesos que habría cobrado la ONG que conduce su ex mujer, Mirta Brizuela”.
“Estos datos también serán analizados pero lo que queremos en primera instancia es que nos expliquen por qué, como dice Niembro, estos 170 contratos fueron hechos en forma directa y amparados en el Decreto 556, si no existe ningún motivo de urgencia para aplicar la norma, sobre todo teniendo en cuenta que esa empresa se dedica a tareas publicitarias y encuestas”.
En este sentido Alegre explicó que la aplicación del decreto debe basarse en las razones que la norma esgrime, a saber, la importancia de que "exista una compulsa de precios de tres valores, o requisitos razones de urgencia que impidan realizar el proceso licitatorio como, por ejemplo, emergencia sanitarias, o que haya un resultado desierto, o que se aplique cuando solo puede ser desarrollado por una sola empresa o persona por temas de competencia, o entre Estados o Universidades".
"Como vemos, en este caso, no existen ninguna de esas motivaciones por lo cual es imprescindible que aclaren por qué se benefició a esa empresa en forma reiterada e irregular, la que terminó siendo beneficiada por unos 13 millones de pesos antes de que Niembro se desvinculara".
En su descargo, Niembro manifestó que las contrataciones fueron directas, y que en la actualidad él no forma parte de la compañía.
Sin embargo, el pedido de informes que se presentará en los próximos días, se refiere en particular al período en el que el relator participó de los negocios con el Gobierno de la Ciudad. El periodista deportivo justificó el cobro de 20 millones de pesos en concepto de contratos con el gobierno porteño para, entre otras cosas, ¡hacer encuestas!, con un argumento insólito: "Ganamos esos contratos porque ofrecimos el mejor descuento". Se destapó la olla y ya no es un buen momento para “Don Niembro”.
Menem ?s
Style
El acuerdo entre Macri y Rousselot fue precursor del modelo de relación con los grandes grupos económicos que impondría el menemismo en todo el país en los ‘90. Entre otras irregularidades, la Justicia encontró que:
“La comisión investigadora probó que el contrato había sido elaborado íntegramente en las oficinas de Sideco, que la municipalidad garantizaba el negocio y pagaba durante veintidos años, el 20% de la totalidad del padrón de morosos, según tarifas que podían ajustarse hasta el doble del índice de precios al consumidor”.
“El Concejo Deliberante no había votado partida alguna para ello. Si se hubiera negado, Rousselot habría debido incurrir en malversación, desviando fondos de otras partidas, o incumplir el contrato recién firmado”.
“En toda la tramitación no intervinieron funcionarios de la planta permanente de la municipalidad, ni el director de asuntos jurídicos, ni el secretario de Hacienda, ni el Contador municipal, ni el secretario de Obras Públicas, ni el Subsecretario de Planeamiento fueron consultados”.
“No se publicaron los edictos en un diario de circulación local. Tampoco se informó la fecha y el lugar de apertura de las propuestas, y el ya exiguo plazo legal de treinta días se redujo a dieciocho, eliminando cualquier posible competencia”.
“A una empresa que se presentó a la Municipalidad se le informó que aún no había fecha para la apertura de propuestas, pese a que ya se habían publicado los edictos”.
“Ni en la oferta ni en el contrato figuró la inversión que haría Sideco. El subsecretario de Gobierno declaró que la propuesta de la empresa era una y que la municipalidad la tomaba o la dejaba”.
“El contrato no fue remitido al Concejo Deliberante”.
“La Municipalidad debía entregar para la construcción de la planta terrenos de la Base Aérea de El Palomar, sobre los que carecía de derechos”.
Fuente: Horacio Verbitsky,
en su libro “Hacer la Corte”
PAG 5
Vecinos recuerdan la
GRAN ESTAFA
“Fuimos con una vecina a protestar, porque querían que pongamos la casa en garantía, una hipoteca, entonces fuimos, en aquella época era diferente una manifestación”, nos cuenta María Luisa, vecina de Morón Sur.
Ella, como muchos otros vecinos del gran Morón, partido que por entonces incluía Ituzaingó y Hurlingham, con miedo y bronca, no se quedó encerrada en su casa y salió a luchar por sus derechos. María Luisa no iba a dejar su casa en garantía por más de 20 años por un servicio que le correspondía.
“Cuando estábamos en la plaza, la imagen que tengo es en el centro Rousselot, del lado izquierdo Mauricio Macri y a su derecha, un señor grandote que después me enteré que era el Gordo Cadena, barrabrava de Morón”.
“La protesta fue subiendo de tono, y llegó un momento que ellos miraban a la gente y se reían, lo que hacía que la gente se enoje más”, dice María, hoy con 75 años.
“El gordo cadena levantó su remera y sacó como si fuera un cinturón y era una cadena de eslabones grandes doble. Entonces empezó a correr a la gente en la plaza revoleando para arriba las cadenas y a la gente que le pegaba caía, con mi vecina corrimos y salimos para la calle Belgrano”, explica y continúa “Ese fue el terrible momento que yo viví, yo lo cuento así ahora, al paso de los años, pero en ese momento que estuve ahí era muy feo”.
Para graficarnos cómo se vivía la situación en la Plaza San Martín, María agrega: “Había personas jóvenes, grandes y adultos, mayormente dueños de casas, y la agresión fue tremenda. Un cadenazo tiraba a la gente al suelo. Fue muy traumático en ese momento”.
“Nos iban a seguir subiendo las cuotas y cuando vos no podías pagar más te sacaban la casa, ese era el miedo que teníamos. Porque esta clase de gente es capaz de todo, la imagen que yo tengo a través de los años, tengo 75 años ahora. Es la forma en que ellos miraban a la gente y se reían, sabiendo lo que iba a pasar después”, recuerda angustiada.
Días tumultuosos
“En ese momento Morón era un único partido, Ituzaingó era parte de él. Pasan informando por las cloacas. Pero resultó que poner las cloacas en ese momento, en esa gestión de Rousselot nos salía tres veces el valor de la casa”. Así comienza a narrar Verónica Rizzo aquellos días tumultuosos.
“Me acuerdo que dejé a mis hijos en el jardín, me tomé el colectivo y me fui al Concejo Deliberante de Morón, había muchísima gente, era impresionante. Estábamos diciendo que no”.
“De hecho no había inversiones, teníamos las avenidas Ratti y Brandsen sin asfaltar. Nos pasaban esas cosas, nosotros empezamos a ver cambios cuando este señor se fue”.
“En esta manifestación en el HCD, fuimos con unas cuantas mamás del jardín, las cosas se habían puesto complicadas porque no solamente se habían quemado gomas, la gente saltaba encima de los coches que estaban estacionados en el Concejo, empezaron a buscar palos para romper las cosas, se había puesto violento ante la falta de respuesta y que uno entendía que eso era una cargada”.
“Cobrarte las cloacas tres veces el valor de lo que vale tu casa era algo ilógico, no te podías quedar tranquilo. Ese día fue complicado, venía gente de todas partes, era la primera vez que participaba activamente, fue increíble”, recuerda Verónica.
“Yo ahora sí tengo cloacas”, concluye.
Comisión
Pro–cloacas
Antonio Di Bella, comerciante y vecino del Barrio Agüero, fue uno de los promotores de la creación de la comisión Pro-cloacas por los años ´90. Di Bella indicaba por entonces a El diario que la obra se caracterizaba por “faraónica y corrupta”.
Así lo explicaba: “Durante años, en nuestro barrio y sus alrededores no existía la posibilidad de construir una red cloacal por intermedio de Obras Sanitarias ya que los colectores máximos estaban excedidos al límite de su tolerancia, y agregando más frentes correría peligro de colapso total, pero un grupo de políticos radicales en aquel entonces (N. de R.: se refiere a 1987) integrantes del municipio aprobaron las gestación de esta obra faraónica y corrupta en sus tres fases: técnica, administrativa y legal, con la colaboración de OSN para que Cosmar pudiera hacerla. En el Concejo Deliberante la construcción fue aprobada sobre tablas, a pesar de que advertimos maniobras de los contratistas en prejuicio de los vecinos, como las adherencias falsificadas o los contratos enmendados”.
“En 1988, con el acceso a la intendencia de Rousselot, se nos abrió una cuota de esperanza ya que nos había asegurado que investigaría la situación para que la corrupción no siga imperando y para frenar los trabajos. Grande fue nuestra desilusión ya que Rousselot le dio más manija”.
“La empresa constructora se había hecho dueña del barrio cometiendo todo tipo de infracciones: trabajos mal hechos, suciedad, zanjas abiertas sin vallas, caños fuera de nivel, rellenos de fosas sin comprimir, robo de energía a SEGBA”.
“En 1989 estando ya Joaquín Arias al frente de la comuna, desaparecen varios expedientes sin los cuales ningún funcionarios puede firmar los certificados de la obra ni comunicarlo por Boletín Oficial, requisitos exigidos por la ordenanza 165, que obliga a que los expedientes estén completos y sean originales”.
“Los funcionarios desconocieron tal ordenanza y entregaron a sus socios empresarios los certificados firmados por ellos para que apuren a los frentistas morosos”, concluía por entonces.
Se trata de La Usina Producciones, una compañía convenientemente fundada hace tres años, que se convirtió inmediatamente en un importante proveedor de servicios del Estado porteño. Según denunció la legisladora opositora Gabriela Alegre, la empresa ligada a Niembro “obtuvo 170 contratos ocultados que no figuran en el Boletín Oficial”.
“Nosotros tomamos conocimiento sobre estas irregularidades a partir de la denuncia periodística y por ese motivo analizamos todos los registros oficiales con sus anexos, y estas contrataciones no figuran publicadas", destacó la diputada, en referencia a la nota que publicó un matutino porteño, dando a conocer a la opinión pública el escandaloso caso.
La revelación periodística señala también “las remuneraciones por más de 800 mil pesos que habría recibido uno de los hijos del comentarista de fútbol”; a los "más de $ 7,6 millones cobrados por Alberto Meza, su socio en La Usina Producciones"; así como los “2,5 millones de pesos que habría cobrado la ONG que conduce su ex mujer, Mirta Brizuela”.
“Estos datos también serán analizados pero lo que queremos en primera instancia es que nos expliquen por qué, como dice Niembro, estos 170 contratos fueron hechos en forma directa y amparados en el Decreto 556, si no existe ningún motivo de urgencia para aplicar la norma, sobre todo teniendo en cuenta que esa empresa se dedica a tareas publicitarias y encuestas”.
En este sentido Alegre explicó que la aplicación del decreto debe basarse en las razones que la norma esgrime, a saber, la importancia de que "exista una compulsa de precios de tres valores, o requisitos razones de urgencia que impidan realizar el proceso licitatorio como, por ejemplo, emergencia sanitarias, o que haya un resultado desierto, o que se aplique cuando solo puede ser desarrollado por una sola empresa o persona por temas de competencia, o entre Estados o Universidades".
"Como vemos, en este caso, no existen ninguna de esas motivaciones por lo cual es imprescindible que aclaren por qué se benefició a esa empresa en forma reiterada e irregular, la que terminó siendo beneficiada por unos 13 millones de pesos antes de que Niembro se desvinculara".
En su descargo, Niembro manifestó que las contrataciones fueron directas, y que en la actualidad él no forma parte de la compañía.
Sin embargo, el pedido de informes que se presentará en los próximos días, se refiere en particular al período en el que el relator participó de los negocios con el Gobierno de la Ciudad. El periodista deportivo justificó el cobro de 20 millones de pesos en concepto de contratos con el gobierno porteño para, entre otras cosas, ¡hacer encuestas!, con un argumento insólito: "Ganamos esos contratos porque ofrecimos el mejor descuento". Se destapó la olla y ya no es un buen momento para “Don Niembro”.
Menem's Style
El acuerdo entre Macri y Rousselot fue precursor del modelo de relación con los grandes grupos económicos que impondría el menemismo en todo el país en los ‘90. Entre otras irregularidades, la Justicia encontró que:
“La comisión investigadora probó que el contrato había sido elaborado íntegramente en las oficinas de Sideco, que la municipalidad garantizaba el negocio y pagaba durante veintidos años, el 20% de la totalidad del padrón de morosos, según tarifas que podían ajustarse hasta el doble del índice de precios al consumidor”.
“El Concejo Deliberante no había votado partida alguna para ello. Si se hubiera negado, Rousselot habría debido incurrir en malversación, desviando fondos de otras partidas, o incumplir el contrato recién firmado”.
“En toda la tramitación no intervinieron funcionarios de la planta permanente de la municipalidad, ni el director de asuntos jurídicos, ni el secretario de Hacienda, ni el Contador municipal, ni el secretario de Obras Públicas, ni el Subsecretario de Planeamiento fueron consultados”.
“No se publicaron los edictos en un diario de circulación local. Tampoco se informó la fecha y el lugar de apertura de las propuestas, y el ya exiguo plazo legal de treinta días se redujo a dieciocho, eliminando cualquier posible competencia”.
“A una empresa que se presentó a la Municipalidad se le informó que aún no había fecha para la apertura de propuestas, pese a que ya se habían publicado los edictos”.
“Ni en la oferta ni en el contrato figuró la inversión que haría Sideco. El subsecretario de Gobierno declaró que la propuesta de la empresa era una y que la municipalidad la tomaba o la dejaba”.
“El contrato no fue remitido al Concejo Deliberante”.
“La Municipalidad debía entregar para la construcción de la planta terrenos de la Base Aérea de El Palomar, sobre los que carecía de derechos”.
Fuente: Horacio Verbitsky, en su libro “Hacer la Corte”
