Entre la adjudicación de la administración kirchnerista y la macrista, existe una diferencia fundamental que agrava la responsabilidad: es el Estado quien le provee los fondos a Calcaterra

El megaproyecto del soterramiento del tren Sarmiento está cada vez más rodeado de olor a corrupción.

Se acaba de radicar una nueva denuncia ante la Justicia, que alcanza al primo constructor del Presidente, Angelo Calcaterra, al ministro macrista Juan José Aranguren y a otros funcionarios del Ministro de Energía y Minería que mantuvieron en los últimos meses al menos tres encuentros cara a cara con enviados de la firma brasileña Odebrecht. El trámite fue recibido por la prosecretaria administrativa de la Procuraduría anticorrupción, Silvia Alizandro.

"Entre la adjudicación obtenida en la administración kirchnerista y la macrista, existe una diferencia fundamental que agrava la responsabilidad gubernamental, porque es el Estado argentino quien le provee los fondos a Calcaterra, pues en la primigenia, era el adjudicatario el que debía proveerlos, y al hacer efectiva la adjudicación, cuyo origen espurio se encontraría evidenciado, el actual Gobierno podría resultar partícipe del delito", sostuvo en el abogado denunciante, Daniel Igolnikov.

Igolnikov pide seguir la doctrina del iter criminis, que significa "recorrido del delito", y que supone un antes y después del ilícito, con una sucesión de aconteceres, donde los que participan son cómplices o encubridores, como sería Calcaterra en el pago de coimas a los argentinos.

"Hay evidencia suficiente para investigar esta corrupción sin excluir ni al empresario ni a los funcionarios argentinos de este Gobierno, que ha intervenido" en las 25 reuniones que menciona el diario La Nación, sea con funcionarios actuales o de la anterior gestión, expresó el letrado.

Iecsa es una de las principales contratistas de obra pública en la Argentina. Hasta 2007 integró el grupo Socma, cuando Franco Macri decidió vendérsela a su sobrino para no estropear el inicio de la gestión de su hijo Mauricio en la Ciudad.

El año pasado la Nación impulsó el Decreto 797/2016, que fue publicado en el Boletín Oficial, y modifica el Presupuesto anterior para afrontar "gastos previsionales" por $ 76.000 millones para la Anses, a la vez que habilitó un endeudamiento de $ 100.000 millones para concretar diversas obras para los próximos años.

Ese Decreto de Necesidad y Urgencia, que no fue firmado por Macri, sino por Gabriela Michetti y el resto del gabinete, se sospecha que benefició principalmente al primo Ángelo, ganador de la construcción del soterramiento. Por este decreto direccionado se tramita otra denuncia penal impulsada por los fiscales Ignacio Mahiques y Gerardo Pollicita, que descansa en el despacho del juez federal Sebastián Ramos.