La normativa vigente determina que las calles Brown al 900, San Martín al 200 y Belgrano al 200, frente al Edificio Municipal y la plaza central de Morón están bajo el programa de estacionamiento medido, lo cual obliga al Municipio a utilizar un porcentaje de lo recaudado para el embellecimiento y mejora del Centro Comercial a Cielo abierto del área central a la vez que contribuir con el Consejo de Personas con Discapacidad.

Desde el bloque de concejales del Frente para la Victoria concretaron una denuncia penal por incumplimiento de deberes de funcionario público contra el intendente Ramiro Tagliaferro y la presidenta del Concejo Deliberante, Natalin Faravelli, por violación a la ordenanza que regula el estacionamiento medido en Morón al crear cocheras gratuitas “exclusivas” para el uso de funcionarios en un lugar habilitado por ordenanza para todos los vecinos.

Lo que funcionarios y concejales se ahorrarán día a día de poner para estacionar se traduce en millonarios recursos (ver recuadro) que el Municipio dejará de recaudar al año. De este modo, el ahorro que se produce en el bolsillo de integrantes del poder político local es costeado por el conjunto de los vecinos moronenses.

“Hemos recurrido a la Justicia porque esta gestión se empecina en medidas como estas que, además de ser vergonzosas, contradicen las leyes vigentes. Tagliaferro demuestra que retrocede 16 años en Morón”, confirmó el presidente del bloque de concejales del FpV, Hernán Sabbatella.

En forma coherente con su rechazo, los concejales del Frente para la Victoria renunciaron a los privilegios que ya gozan funcionarios y concejales del macrismo y determinaron que las cocheras asignadas a los integrantes de su bloque político estarán a disposición de la comunidad. De ese modo, los vecinos podrán usar las cocheras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, sobre la calle Brown al 900.

Emergencia, ¿qué emergencia?

Mientras Morón atraviesa supuestamente una “emergencia económica” -al menos, así lo proclamó la administración Tagliaferro-, el propio Ejecutivo adopta una medida por la que dejaría de recaudar -se estima- cerca de un millón de pesos anuales.

Un porcentaje de esos fondos era derivado al trabajo con personas con discapacidad, que de este modo se ven privados de ese auxilio para su loable tarea.