De esa compra surge una diferencia de $ 325.000 que no se sabe donde están. Es distinta la cifra que está en la escritura y la que está en el boleto de compraventa.

En el año 2012, el Municipio de Hurlingham, obviamente con la firma del Intendente Luis Acuña, adquiere al Estado Nacional el predio en el que funcionaba el Polideportivo, que pertenecía al Ejército, y que desde hacía unos años estaba en litigio.

Este conflicto legal, hizo que el Municipio iniciara gestiones extrajudiciales, al tiempo que comenzó a proyectar la adquisición del predio. Esto fue en el 2010, cuando luego de varios idas y vueltas, el Municipio y el Ministerio de Defensa, suscribieron un contrato de compra venta por dos predios que pertenecían originariamente al Ejército Argentino.

Uno de esos predios, es el de 22 hectáreas que ocupa el Polideportivo, el otro, es un terreno lindero de 2500 m2 en el que funciona la empresa de logística Don Pedro.

El Ministerio de Defensa dispuso la venta directa al Municipio de Hurlingham condicionando el destino del predio a uso deportivo y localización de equipamientos urbanos especiales, logísticos, industrias, “por el plazo de 10 años desde la firma de la escritura traslativa de dominio”.

Acuña apuró una sesión el 5 de noviembre de 2010 en la que se aprobó la ordenanza que tramitaba la compra de los predios en cuestión.

Pocos días después, se suscribió el contrato en el que el precio fijado fue de $ 9.225.000 pagaderos mediante “un anticipo y diez cuotas iguales y consecutivas”.

En el 2012 se suscribió la escritura de dominio, en un trámite en que fueron protagonistas el intendente Acuña, su Director de Asuntos Legales, Gustavo Triemstra, en su calidad de compradores y el General de Brigada Ricardo Oscar FILIPPI representando a la parte vendedora.

En la escritura, suscripta en ese acto, surge que el Estado Nacional Argentino, a través del Estado Mayor General del Ejercito “vende a  la Municipalidad de Hurlingham (…) un lote de terreno (…) por el precio total de (…) ocho millones novecientos mil pesos”, pero el boleto de compraventa dice que el precio es de nueve millones doscientos veinticinco mil pesos.

En la escritura está claro que el intendente compró un solo predio. Pero… ¿donde están los 325 mil pesos de diferencia?

Pese a que la ordenanza le permitió disponer de un monto superior, nunca se dijeron los motivos “por los cuales no dio fiel cumplimiento a la ordenanza Municipal, como así también el destino dado al remanente de 325 mil pesos que surgen entre el pago del boleto y la escritura traslativa de dominio”, señala la denuncia.

En el boleto de compra venta, se establecía que la escritura se debía realizar tras el pago de la última cuota acordada y que completaba los 9 millones doscientos veinticinco mil pesos que se habían fijado como precio.

Algunas preguntas

¿En que momento cambió de idea el intendente? ¿Cómo llegó la empresa Don Pedro a quedarse con ese predio que era del Ejército, que el Municipio decidió comprar y no se sabe por que no compró? ¿Cuál es la relación que el Municipio o funcionarios del municipio tiene con la empresa Don Pedro? ¿Cuál ha sido el móvil que guió al Intendente a incumplir con el mandato que le dio el Concejo Deliberante? ¿Qué destino se dio a los $325.000 que faltan?

El accionar de Luis Acuña puede llegar a encuadrarse en la figura de malversación de caudales públicos. De hecho esos fondos estaban dispuestos a la adquisición de las dos parcelas, de las cuales se terminó adquiriendo solo una y el remanente de 325.000 pesos,  que existe entre lo que se abonó en concepto de la compra y lo que se abonó  según el boleto de compraventa suscripto entre el Estado Nacional y el Municipio, “pasa a ser un enigma cuyo destino es desconocido; pero claro está no fue utilizado para el fin que así había sido dispuesto por el Concejo Deliberante” reza la denuncia que obra en poder de la Justicia.

No hubo ninguna ordenanza posterior que desafectara ese monto para destinarla a otro fin. Simplemente la plata desapareció.

A los fines de recabar mayores precisiones el Fiscal que promueve la causa libró oficios al Ministerio de Defensa de la Nación; a la Escribanía General de Gobierno de la Nación; al Concejo Deliberante de Hurlingham y a su Presidente, Juan Carlos Braciaventi; al Registro de la Propiedad inmueble de la Provincia de Buenos Aires; a ARBA; a la Tesorería de la Municipalidad de Hurlingham; entre otros.