Los trabajadores del Hospital Posadas marcharon en caravana hasta el Ministerio de Salud, en Belgrano y 9 de Julio -pleno centro porteño-, para exigir la reincorporación de los 122 despedidos, en el marco de un paro de 24 horas. "Está en riesgo la vida de los pacientes", denunció Karina Almirón, la única técnica especialista en inmunohistoquímica que tenía el hospital y que fue despedida.

Por las cesantías, algunos servicios pediátricos y de tratamiento contra el cáncer quedaron desarticulados.

Con la adhesión de otros trabajadores despedidos, como los de Cresta Roja, sectores de Unidad Ciudadana y partidos de izquierda, los manifestantes cortaron una de las manos de la 9 de Julio.

"Ni siquiera recibimos telegramas de despidos. El Ministerio de Modernización dice que sobran trabajadores pero mientras nos despiden a nosotros están tomando monotributistas. No es que sobramos, quieren cambiar las condiciones de trabajo", sostuvo Almirón este martes en declaraciones a la AM 750. Según contó la trabajadora, frente a la puerta del hospital, sobre el acceso oeste, había más de cuarenta móviles policales. “Es una intimidación. Otra vez la Gendarmería está pidiendo documentos en la entrada", detalló la técnica.

El despido de los 122 empleados se conoció el lunes 15 por medio de una resolución interna que indicaba cuáles eran los contratos que se iban a renovar y cuáles no. El recorte recayó sobre todo entre los enfermeros que se oponían a trabajar 12 horas como exigían las autoridades del hospital, cuando su jornada laboral ya era de diez horas.

"En este momento no hay quién haga los tratamientos de quimioterapia de noche", detalló Almirón como un ejemplo de las áreas que quedaron desarticuladas tras las cesantías. "Está en riesgo la vida de los pacientes", concluyó.

Es el segundo paro que hacen los trabajadores del hospital para exigir la reincorporación de los despedidos. El del martes pasado fue convocado junto a una asamblea masiva y pública en la puerta del hospital de la que participaron dirigentes políticos, sindicales y de derechos humanos. El Gobierno respondió con un inmenso operativo de seguridad para evitar que los trabajadores corten el acceso oeste.